Una amnistía fiscal es una oportunidad de tiempo limitado para un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad determinada, a cambio de la condonación de una deuda tributaria (incluyendo intereses y multas), relativa a un período impositivo anterior y sin miedo a la persecución penal. Por lo general expira cuando alguna autoridad inicia una investigación fiscal del impuesto atrasado. En algunos casos, la legislación impone penas más severas a los que, pudiendo optar por la amnistía, no se acogen a ella.[1]
España
En España se han aplicado diversas amnistías fiscales.
En 1984 y 1991, los entonces ministros del PSOE, respectivamente, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, realizaron sendas amnistías. El principal resultado en 1984 fue la salida del secretario del Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla.[2]
En 2012, bajo el gobierno del Partido Popular, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro anunció una nueva amnistía fiscal por bienes no declarados, incluyendo activos escondidos en paraísos fiscales y dinero en efectivo.[3] La repatriación se permitió mediante el pago de un impuesto del diez por ciento, sin sanción penal.[4]
Esta amnistía fiscal en España se ha denominado técnicamente «regularización extraordinaria»,[5] y también «declaración tributaria especial».[6] La amnistía hizo aflorar 40.000 millones de euros no declarados de los que se obtuvieron 1.700 para la Hacienda Pública. A la amnistía se acogieron diversas personas de la vida pública española como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, varios hijos de Jordi Pujol, José Ángel Fernández Villa, Fernando Martín Álvarez o Diego Torres Pérez.[7] Además la Agencia Tributaria elaboró una lista no publicada con 700 personas «expuestas políticamente» y que incluye altos cargos, que se acogieron a la amnistía de 2012 y que están siendo investigados sobre la procedencia de los fondos que no habían sido declarados. Dicha lista fue remitida al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para la investigación de los sospechosos.[8]
Más recientemente, debido a los Papeles de la Castellana publicados por un estudio de tres medios digitales (El Diario, La Marea y Diagonal) a partir de una filtración en 2016, se ha conocido que el porcentaje realmente pagado ha sido mucho menos del 10%, llegando en algunos casos a apenas el 2%.[9] Esta medida fue anulada por el Tribunal Constitucional el 8 de junio de 2017.[10]
Bibliografía
Referencias
