Nacido en la ciudad gallega de Santiago de Compostela el 24 de marzo de 1822,[1] era hijo del notario Domingo Manuel Romero y de Rita García Mariño,[1] natural de Palmeira.[2] En 1837 obtuvo el título de bachiller en Filosofía y en 1843 se licenció en Derecho,[1] finalizando la carrera en la Universidad Central de Madrid.[2] Considerado un miembro clave del movimiento provincialista gallego,[3][4] en 1846 participó en el llamado levantamiento de Solís, una sublevación en Galicia en contra de Narváez, sin embargo el fracaso de la insurrección le obligó a exiliarse en Portugal, bajo amenaza de pena de muerte.[2] Como periodista colaboró en publicaciones como Santiago y a ellos y El Porvenir, junto a José Rúa Figueroa,[5] La Nación[2] o La Península,[2][6] periódico del que fue fundador y que sobrevivió hasta la promulgación de la Ley de Imprenta de Nocedal.[2]
Romero Ortiz sentado en la esquina derecha, con los miembros del Gobierno Provisional, 1869.
Tras el desencadenamiento de la Revolución de Septiembre pasó a apoyarla, convirtiéndose en una de sus principales figuras.[2] El 8 de octubre fue nombrado ministro de Gracia y Justicia —en un gabinete presidido por el general Serrano—, cargo que ejercería hasta el 18 de junio de 1869.[10] Desde este ministerio tomó una serie de medidas, a las que Revuelta González describe como de «carácter regalista-anticlerical»,[11] entre las que se incluyeron la firma del decreto del 12 de octubre en el que suprimía la Compañía de Jesús,[2][11] el decreto estableciendo la unidad de fueros, la creación de la sala de lo contencioso en el Tribunal Supremo de Justicia[2] o el embargo de los fondos de la Sociedad de San Vicente de Paúl,[12] además de presentar el 19 de mayo de 1969[13] un proyecto de Libro I del Código Civil, que no cuajó,[14] en el que se pretendía transferir por completo la potestad de celebrar matrimonio de la Iglesia a la autoridad civil;[13] Montero Ríos tachó esta propuesta de «radical» en comparación con la suya posterior de 1870.[15]
Opuesto a la pena de muerte, durante su periplo como ministro de Gracia y Justicia no se produjeron ejecuciones, concediendo treinta y dos indultos de pena capital.[2] Fue el último ministro de Ultramar de la Primera República, en gobiernos de Zabala y Sagasta, entre el 13 de mayo de 1874 y el 31 de diciembre de ese mismo año.[16]
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