Comparador del sector público

En el ámbito de la Administración pública, un comparador del sector público (que se traduce también del inglés, donde se originó el concepto, como comparador público-privado) es una herramienta utilizada por un gobierno (estatal, regional o municipal) para determinar el proveedor más apropiado para un proyecto público (que puede ser tanto una infraestructura, por ejemplo un puente o una carretera, como un servicio, por ejemplo encarcelamiento de presos condenados o formación de desempleados). Consiste en una estimación del coste que ese gobierno pagaría si él mismo llevara a cabo el proyecto. El Banco Mundial tiene su definición propia: "un comparador es utilizado por un gobierno para tomar decisiones testando [en el tercer sentido^[1]​ del verbo "testar"] si una propuesta de inversión privadas ofrece valor por dinero en comparación con la forma más eficaz de aprovisionamiento público."^[2]​

Generalmente, el comparador del sector público permite a los gobiernos calcular qué manera de organizar el proyecto (una asociación público-privada o APP, gestión enteramente pública u otras) sería más eficaz a menor coste.^[3]​ Estos comparadores se utilizan generalmente en Reino Unido, Australia, Hong Kong y Canadá.^[4]​

Un informe^[5]​ de la Internacional de Servicios Públicos afirma que en el Reino Unido estas comparaciones han sido objeto de numerosas críticas por parte de académicos, auditores y comisiones parlamentarias. No se han realizado bien, no se han expuesto a cuestionamientos y debate adecuados y están sistemáticamente sesgadas en favor de las APP.

• Análisis de costo-efectividad
• Aprovisionamiento
• Contratación pública