Hitnü (también Jitnu o Jitnü) es un pueblo indígena de la familia lingüística guahibo que habita en la región de la Orinoquía colombiana, en el departamento de Arauca. Su territorio ancestral correspondía a la zona interfluvial conocida como el Airico de Makaguane o Gran Montaña de Arauca, comprendida entre los ríos Arauca al norte, Casanare al sur, la cordillera de los Andes al occidente y las sabanas colombo-venezolanas al oriente. De acuerdo con estudios lingüísticos, el pueblo Jitnü habita este territorio desde antes del contacto con los conquistadores europeos.^[1]​

En la actualidad, sus comunidades se concentran en los resguardos indígenas ubicados en los municipios de Arauquita y Puerto Rondón, con presencia adicional en el municipio de Arauca.^[2]​ Según el Censo Nacional de Población de 2018, adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población Jitnü asciende a 775 personas.^[3]​

En el año 2010, la Corte Constitucional de Colombia profirió el Auto 382,^[4]​ mediante el cual declaró al pueblo Jitnü en 'riesgo de extinción física y cultural' a causa de las afectaciones del conflicto armado interno, la colonización de su territorio y los desequilibrios ambientales derivados de la explotación de hidrocarburos. Esta declaración se enmarca en el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004^[5]​ y al Auto 004 de 2009,^[6]​ que extendieron medidas de protección diferencial a pueblos indígenas en situación de desplazamiento y confinamiento en el marco del conflicto armado colombiano.

El nombre hitnü es el término con el que este pueblo se autodenomina. En la literatura antropológica y en documentos institucionales aparece bajo diversas grafías: jitnu, jitnü, hitnü y hitnu, variaciones que responden a diferencias en los sistemas de transcripción fonética utilizados por distintos investigadores a lo largo del tiempo.^[7]​ El término Macahuán, con el que también se les ha identificado históricamente, proviene de una confusión etnográfica temprana: hasta finales de la década de 1970, los Jitnü y los Makaguán eran considerados un mismo pueblo por los investigadores, dado que familias de ambos grupos habían establecido vínculos de parentesco. Fue Lobo-Guerrero quien los identificó por primera vez como pueblos diferenciados, aunque pertenecientes a la misma familia lingüística.^[7]​

El idioma hitnü pertenece a la familia lingüística guahibo, también denominada guahíbana, que agrupa a varios pueblos indígenas de la Orinoquía colombo-venezolana.^[1]​ Dentro de esta familia, el hitnü está emparentado con las lenguas de los pueblos Sikuani, Cuiba, Makaguán y Jitanü. Estos últimos, conocidos también como Hítanü o Iguanitos, son el grupo lingüísticamente más cercano a los Jitnü.^[7]​ De Kondo, a partir del análisis comparativo de las lenguas de la familia guahibo, estableció que los Jitnü se encuentran en su territorio actual desde hace más de cinco siglos, antes del contacto con los conquistadores europeos.^[1]​

La reducción del territorio Jitnü se inició a mediados del siglo XX como consecuencia de tres procesos sucesivos y acumulativos: la colonización blanco-mestiza dirigida por el Estado colombiano, la explotación de hidrocarburos y el conflicto armado interno.^[8]​

En 1974, el Estado colombiano estableció la Reserva Indígena Macahuán mediante la Resolución 047, con una extensión de 18.000 hectáreas de terreno selvático en la zona conocida como las Selvas del Lipa, entre los ríos Lipa, Ele, Cuiloto y Caño Colorado.^[8]​ Paralelamente, en 1976 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) constituyó el Santuario de Fauna y Flora del ecosistema bioestratégico del Lipa, con una extensión de 142.125 hectáreas.^[8]​ Sin embargo, ninguna de estas dos figuras de protección logró detener el avance de la colonización sobre el territorio Jitnü.^[9]​

Con la Constitución Política de 1991, que reconoció la multiculturalidad y la plurietnicidad de la nación colombiana, se abrió el marco legal para la constitución formal de resguardos indígenas. En 1995 se constituyeron los dos resguardos principales del pueblo Jitnü: el resguardo San José del Lipa, mediante Resolución 048 del 29 de noviembre de 1995, con 3.767 hectáreas; y el resguardo La Vorágine, mediante Resolución 05 del 7 de febrero de 1995, con 844 hectáreas.^[2]​ Ambos resguardos están ubicados a orillas de los ríos Ele y Cuiloto y el Caño Colorado, en jurisdicción del municipio de Arauquita.

En 2021, la Agencia Nacional de Tierras constituyó el resguardo Aspejenas, mediante Acuerdo 115 del 10 de mayo de 2021, con 312 hectáreas en el municipio de Puerto Rondón. Este resguardo fue creado en el marco del proceso de reubicación de la comunidad Cuiloto-Marrero, ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-091 de 2013.^[10]​

En la actualidad, el pueblo Jitnü cuenta con algo más de 6.000 hectáreas de territorio protegido bajo figura de resguardo, distribuidas en los siguientes predios:^[8]​

Municipio	Resguardo	Extensión (ha)
Arauquita	San José del Lipa	3.767
Arauquita	La Vorágine	844
Puerto Rondón	Aspejenas	312
Arauca / Arauquita	Predios complementarios	~1.133

Esta extensión representa una fracción minoritaria del territorio ancestral, cuya reducción ha sido identificada por la Corte Constitucional como uno de los factores determinantes del riesgo de extinción física y cultural del pueblo Jitnü.^[4]​

Hasta mediados del siglo XX, el pueblo Jitnü mantuvo un aislamiento casi total respecto a la sociedad blanco-mestiza, refugiado en la espesura de la Gran Montaña de Arauca. Los primeros contactos voluntarios documentados con población no indígena se produjeron en la década de 1960.^[1]​ Esta estrategia de aislamiento fue deliberada: De Kondo establece que el pueblo Jitnü transitó de ser un pueblo de sabana a un pueblo de monte precisamente para preservar su autonomía frente al avance colonial.^[1]​

A mediados del siglo XX, el Estado colombiano impulsó un proceso de colonización dirigida en la región de la Orinoquía, consistente en el reasentamiento de campesinos provenientes de la zona andina hacia el piedemonte araucano.^[11]​ Este proceso partía de considerar las tierras de la Orinoquía como baldíos disponibles, desconociendo la presencia y los derechos de los pueblos indígenas que las habitaban. De los 1.082.000 hectáreas de bosque primario que existían en el departamento de Arauca a mediados del siglo XX, solo quedaban 372.000 hectáreas en 1992.^[11]​

La llegada de colonos blanco-mestizos estuvo acompañada de violencia sistemática contra los pueblos indígenas. En la región era práctica común la llamada "guahibiada" o "cuibiada", que consistía en la persecución y muerte de indígenas por parte de colonos, sin que estos actos tuvieran consecuencias legales ni sanción social.^[12]​ Esta práctica solo comenzó a ser socialmente cuestionada después de la masacre de La Rubiera, ocurrida en diciembre de 1967, ampliamente cubierta por los medios de comunicación nacionales.^[12]​ La colonización generó deforestación acelerada, reducción drástica de las especies animales que sustentaban la alimentación tradicional del pueblo Jitnü, epidemias y desplazamiento forzado de sus territorios ancestrales.^[1]​

En 1983 se descubrió y comenzó a explotarse el yacimiento de hidrocarburos Caño Limón, ubicado en la zona nororiental del territorio ancestral Jitnü, en inmediaciones de la laguna del Lipa, espacio de profunda significación sagrada para este pueblo y otros indígenas del departamento.^[9]​ La zona de influencia del proyecto petrolero se sobreponía sobre el área del Santuario de Fauna y Flora y de la Reserva Indígena Macahuán. Para permitir dicha explotación, el INDERENA levantó la protección jurídica del santuario mediante el Acuerdo 0052 de 1983.^[8]​

La explotación petrolera alteró de manera irreversible el sistema hidrológico de la zona: se desecaron esteros, se desviaron ríos y caños, y se extendieron carreteras que interrumpieron la escorrentía natural, provocando inundaciones en áreas que antes permanecían secas durante la época de lluvias.^[9]​ Las lagunas y esteros afectados constituían lugares de desove de especies acuáticas, estaciones de aves migratorias y hábitat de especies como el jaguar, el tapir, el manatí y el chigüire, varias de las cuales se encuentran hoy en riesgo de extinción.^[9]​

En la primera década del siglo XXI se estableció el complejo petrolero de Caricari, al occidente de los resguardos Jitnü y a orillas del río Ele, principal fuente de agua y de proteína animal del resguardo San José del Lipa. Los Jitnü refieren que desde el establecimiento de Caricari las aguas del río Ele han sido contaminadas y las especies acuícolas que hacen parte de su dieta se han reducido significativamente.^[8]​ El pueblo Jitnü y otros pueblos indígenas del departamento de Arauca han manifestado que la explotación petrolera en Caño Limón generó afectaciones espirituales, territoriales y ambientales que impactaron de manera directa su soberanía alimentaria.^[13]​

Desde la década de 1980, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llenaron el vacío institucional histórico en la Orinoquía e impusieron formas de regulación de la vida social, económica y política del departamento de Arauca mediante el control armado del territorio.^[8]​ La posición estratégica del territorio ancestral Jitnü, ubicado en el centro geográfico del departamento con acceso hacia Venezuela, los departamentos andinos y el piedemonte amazónico, lo convirtió en zona de refugio y operaciones para ambas guerrillas.^[8]​

El accionar de los grupos armados tuvo consecuencias directas y graves sobre el pueblo Jitnü: asesinatos selectivos de líderes, amenazas, desplazamientos forzados individuales y colectivos, confinamientos, instalación de minas antipersona y reclutamiento forzado.^[4]​ La Corte Constitucional identificó que estas situaciones obligaron al pueblo Jitnü a confinarse en un territorio cada vez más pequeño, transformando su cultura y sus patrones de subsistencia, y poniéndolos en riesgo de morbimortalidad por desnutrición.^[4]​

La confrontación entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas colombianas expuso adicionalmente a la población civil a riesgos cruzados. Pese a que el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC en 2016 implicó la desmovilización de la mayoría de sus tropas, grupos disidentes permanecen activos en la zona a la fecha de redacción de este artículo.^[8]​

La cosmogonía Jitnü parte de un mito de creación según el cual todos los seres vivos —humanos, animales y los distintos grupos étnicos— tienen un origen común. De acuerdo con este relato, en un principio todos eran hitnü y compartían un mismo lenguaje. Fue Nakuanü Tsetséri, personaje mitológico creador, quien tras un gran incendio que arrasó la tierra —exceptuando las selvas del Airico— diferenció a los seres: a algunos hitnü los volvió blancos, a otros los convirtió en distintos pueblos indígenas, y a otros los transformó en animales. Según este mito, solo los actuales hitnü permanecieron en el Airico de Makaguane como pueblo originario.^[7]​

El universo, según la cosmovisión Jitnü, está dividido en ocho dimensiones superpuestas: cinco por encima de la tierra, una en la tierra y dos por debajo de ella, cada una regida por una deidad específica.^[14]​ En la primera dimensión por encima de la tierra habitan Nakuanü, que reina en el oriente, y su hijo Rey, que reina en el occidente. Jomet —el sol— y Nakuanü, que se manifiesta en el viento del oriente, son dos deidades de especial importancia porque traen la luz y la lluvia necesarias para los cultivos.^[14]​ Esta concepción cosmogónica establece una relación profunda e indisociable entre el territorio, los ciclos naturales y la vida del pueblo Jitnü.

El uso ritual del yopo —alucinógeno preparado a partir de semillas tostadas y trituradas, mezcladas con nácar y banano verde— es una práctica central en la vida espiritual Jitnü. Su consumo está reservado a los adultos y es conducido por el Mitsnenü, autoridad espiritual y médica del pueblo, quien a través del yopo establece comunicación con las deidades en los distintos planos espirituales. La chicha de plátano —denominada majule— cumple un papel relevante en la vida social y en los encuentros colectivos.^[7]​

El pueblo Jitnü se organiza en dos clanes o bandas con diferencias culturales y dialectales, que mantienen entre sí relaciones económicas y matrimoniales.^[7]​ El primer clan se ubicaba históricamente en las inmediaciones del río Ele y Caño Colorado, correspondiente hoy al resguardo San José del Lipa y sus comunidades; el segundo habitaba las riberas del río Cuiloto, correspondiente a los resguardos La Vorágine y Aspejenas. Ambos clanes se distinguen entre sí de manera jocosa: el primero como tsanébone —familia de los hinchados— y el segundo como chipírbone —familia de los pequeños.^[7]​

La máxima autoridad tradicional de cada clan recaía en el Mitsnenü, un hombre anciano designado desde antes de su nacimiento, cuya autoridad derivaba de su capacidad para curar males físicos y espirituales y de su condición de único poseedor de varias almas, lo que le permitía comunicarse con las deidades en todos los planos espirituales.^[14]​ Los Mitsnenü observaban dietas estrictas durante toda su vida —entre ellas la abstención de sal y manteca— que les preservaban el poder espiritual.

La organización familiar es matrilocal: tras el matrimonio, la pareja se establece en la casa de la familia materna de la mujer. La autoridad sobre los asuntos familiares recae en el padre, y el prestigio social de un hombre se mide en función del número de hijas casadas que tenga.^[7]​

La constitución de los resguardos San José del Lipa y La Vorágine en 1995 introdujo el modelo institucional colombiano de resguardo-cabildo-gobernador, establecido en la Ley 89 de 1890 y sus modificaciones posteriores, que reconoce al gobernador de cabildo como máxima autoridad. Este modelo ha generado tensiones internas, ya que favoreció la elección de jóvenes con mejor manejo del castellano para el relacionamiento institucional, en detrimento de la autoridad de los Mitsnenü. Esta situación ha contribuido a la pérdida progresiva del conocimiento ancestral y a la fragmentación de la organización social tradicional.^[8]​

Contrario a la caracterización frecuente de los pueblos indígenas de la Orinoquía como seminómadas, De Kondo estableció que el pueblo Jitnü es de tradición esencialmente hortícola, y que la movilidad dentro del territorio responde a ciclos agroecológicos y no a un patrón de nomadismo.^[1]​ Esta conclusión es respaldada por Lobo-Guerrero, quien documentó que la horticultura y la caza constituyen la base principal de la dieta alimenticia Jitnü.^[7]​

La unidad productiva fundamental es el pabi, una pequeña parcela de cultivo de menos de una hectárea establecida en los bosques de galería, preparada mediante el método de tumba y quema de vegetación.^[8]​ Cada familia establece dos pabis simultáneamente: uno cercano a la vivienda, destinado a especies de ciclo corto como caña de azúcar, batata, yuca, ocumo, mafafa, ñame y ahuyama; y otro más alejado en el bosque, destinado a cultivos de mayor duración como maíz y plátano.^[8]​ Cerca de las viviendas también se encuentran árboles frutales como mangos, naranjos y hobos.

Una característica distintiva del sistema hortícola Jitnü es el cultivo asociado: en un mismo pabi coexisten varias especies vegetales sembradas aparentemente sin un patrón espacial definido. Los restos de material vegetal producto de la tumba y quema no son retirados del suelo, práctica que cumple una función agroecológica precisa: protege el suelo de la erosión por lluvia, conserva la humedad y favorece la acción de organismos beneficiosos como lombrices y escarabajos.^[8]​ Esta técnica, incomprendida frecuentemente por los técnicos agropecuarios externos, es en realidad una forma de manejo mínimo del suelo adaptada a las condiciones ecológicas de la selva tropical húmeda.^[15]​

Los Jitnü siembran en dos épocas del año: la 'cosecha de año grande', entre marzo y abril, coincidente con el inicio de la temporada de lluvias; y la 'cosecha de año chiquito', entre noviembre y diciembre, coincidente con el inicio de la temporada seca.^[8]​ La división sexual del trabajo en la horticultura es compartida entre hombres y mujeres, aunque la cacería con arco y flechas es exclusiva de los hombres, y la marisca a mano es realizada principalmente por las mujeres.^[7]​

La marisca —término común a los pueblos de la familia lingüística guahibo para designar el conjunto de actividades de caza, pesca y recolección— complementa la horticultura como estrategia de abastecimiento alimentario a lo largo de todo el año, siguiendo los ciclos estacionales del ecosistema.^[7]​

Durante la época seca, los Jitnü cazan en la sabana morrocoyes, galápagos y otras variedades de tortugas y aprovechan el descenso del nivel de los ríos, caños y lagunas para pescar una amplia variedad de especies de peces y moluscos, entre los que destacan las guaruras —caracoles de agua dulce—.^[8]​ Durante la época de lluvias, la cacería se traslada a la selva, donde se cazan animales de mayor tamaño como el chigüire, el venado, el cajuche, el samuil y algunas variedades de monos, así como roedores menores como el picure y la lapa, y varias especies de lagartos e iguanas.^[16]​

Las mujeres Jitnü recolectan una amplia diversidad de frutos y semillas silvestres, con especial énfasis en los productos de distintas variedades de palmeras, de las cuales aprovechan los cogollos, los frutos y la savia. De esta última obtienen el vino de palma o vinete, bebida de importancia cultural y ritual: toda la familia se reúne antes del amanecer y al atardecer para consumirlo directamente del tronco ahuecado mediante un carrizo. Su consumo fermentado está reservado a los adultos.^[8]​

Un elemento central del sistema alimentario Jitnü es la existencia de tabúes alimenticios: los Jitnü no consumen animales que hayan domesticado, razón por la cual la cría de gallinas, patos o chigüires en cautiverio no se traduce en consumo alimentario propio, sino en intercambio o venta eventual.^[16]​ Asimismo, los lácteos no forman parte de la dieta tradicional y una proporción significativa de la población presenta intolerancia a la lactosa.^[15]​

Las actividades de marisca implican recorridos de varios días por el territorio, durante los cuales las familias preparan los alimentos en fogones improvisados. Los lugares de marisca son elegidos de acuerdo con la oferta estacional del ecosistema.^[7]​ Históricamente, el pueblo Jitnü mantenía intercambios de productos con otros pueblos indígenas de la Gran Montaña de Arauca —Chiricoas, Betoy y Makaguán principalmente—, así como relaciones de reciprocidad internas entre clanes, en las que los hombres entregaban parte de los productos de la cacería al suegro y recibían a cambio productos recolectados por las mujeres de la familia extensa.^[7]​

La selección y el almacenamiento de semillas propias para cada ciclo de siembra era una práctica tradicional que garantizaba la autonomía productiva del pueblo Jitnü.^[15]​ Esta práctica ha sido progresivamente abandonada tras la introducción de semillas transgénicas en el marco de intervenciones institucionales, generando dependencia de insumos externos que el pueblo no está en capacidad de adquirir por sus propios medios.^[8]​

La confluencia de la colonización, la explotación petrolera y el conflicto armado ha reducido drásticamente la base territorial y ecológica que sustentaba el sistema alimentario tradicional Jitnü. La contaminación del río Ele por el complejo petrolero de Caricari ha disminuido las especies acuícolas disponibles; la pérdida de cobertura vegetal ha reducido las poblaciones de fauna silvestre; y la restricción de la movilidad por la presencia de grupos armados y la contaminación por minas antipersonal ha limitado el acceso a los lugares tradicionales de marisca.^[9]​

Desde 2010, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entrega mensualmente asistencia alimentaria de emergencia al pueblo Jitnü en cumplimiento de las órdenes del Auto 382 de 2010.^[4]​ Esta asistencia, concebida originalmente como una medida temporal, se ha prolongado por más de una década sin lograr revertir la situación de inseguridad alimentaria, generando en cambio dependencia de alimentos externos y modificando progresivamente los hábitos alimenticios tradicionales del pueblo.^[15]​

La situación de vulnerabilidad del pueblo Jitnü fue reconocida formalmente por el sistema judicial colombiano a través de una cadena de providencias de la Corte Constitucional. La Sentencia T-025 de 2004^[5]​ declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional derivado de la vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada por el conflicto armado, e impuso al Estado la obligación de adoptar medidas efectivas para su atención y protección. En seguimiento a esta sentencia, el Auto 004 de 2009^[6]​ identificó que los pueblos indígenas sufrían afectaciones desproporcionadas por el desplazamiento forzado, y ordenó al gobierno nacional diseñar e implementar planes de salvaguarda étnica para 32 pueblos indígenas en riesgo.

El pueblo Jitnü no fue incluido inicialmente en el Auto 004 de 2009, pese a sus graves afectaciones por el conflicto armado. Mediante el Auto 382 de 2010,^[4]​ la Corte Constitucional extendió al pueblo Jitnü las medidas de protección contenidas en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009, después de una visita al territorio y la revisión de informes institucionales sobre su situación de derechos. La Corte identificó que el riesgo de extinción física y cultural del pueblo Jitnü se debía a la presencia de grupos armados organizados, la instalación de minas antipersonal, la colonización de sus territorios y los desequilibrios ambientales por la explotación inadecuada de recursos naturales.^[4]​ En consecuencia, ordenó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales el diseño e implementación de un programa integral de intervención en salud, nutrición y seguridad alimentaria, señalando como responsables específicos al Ministerio de Protección Social, al director de Acción Social y al gobernador del departamento de Arauca.^[4]​

Posteriormente, la Sentencia T-091 de 2013^[10]​ tuteló los derechos de las comunidades indígenas desplazadas del departamento de Arauca y ordenó al Estado facilitar las condiciones para su retorno y reubicación, lo que derivó en la constitución del resguardo Aspejenas en 2021 para la comunidad Cuiloto-Marrero.

En 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud, con el acompañamiento de ACNUR y la Defensoría del Pueblo, realizaron un diagnóstico de salud en el que fue valorado el 94% de la población Jitnü. Sus conclusiones establecieron que la situación de salud, nutrición, acceso a agua potable, condiciones de higiene y acceso a servicios de salud era crítica.^[2]​ Simultáneamente, ACNUR realizó un diagnóstico de derechos individuales y colectivos que, al compararlo con uno anterior realizado en 2009, evidenció la persistencia de los riesgos de protección, entre ellos los de salud, nutrición y seguridad alimentaria, y recomendó la implementación inmediata de acciones intersectoriales y coordinadas.^[2]​

En 2016, los hallazgos del diagnóstico del Plan de Salvaguarda Jitnü (Jitnü Jomian as Adben) confirmaron que los riesgos identificados por la Corte Constitucional en el Auto 382 de 2010 persistían sin atenuación significativa.^[8]​ En el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de 2018, el pueblo Jitnü manifestó que sus principales problemáticas continuaban siendo la falta de territorio, la inseguridad alimentaria, el acceso a salud y el conflicto con campesinos vecinos.^[8]​

Entre 2010 y 2019 se ejecutaron al menos dieciocho intervenciones institucionales en seguridad alimentaria en el territorio Jitnü, por parte de la Gobernación de Arauca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las alcaldías de Arauca y Puerto Rondón, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la UARIV. El valor cuantificado de estas intervenciones ascendió a COP $5.435.359.465, equivalente a aproximadamente USD $2.765.659, sin incluir el valor de la asistencia sostenida de la UARIV y el ICBF, del que no se obtuvo información.^[8]​

Estas intervenciones pueden clasificarse en tres tipos. Las centradas en el fortalecimiento del territorio, que representaron el 76% de la inversión cuantificada, estuvieron orientadas a la ampliación del territorio Jitnü en 645 hectáreas mediante la compra de predios y la reubicación de la comunidad Cuiloto-Marrero.^[8]​ Las centradas en el fortalecimiento de sistemas productivos, que representaron el 22% de la inversión, incluyeron entrega de semillas, herramientas y asistencia técnica agropecuaria. Las centradas en la asistencia alimentaria, que representaron el 2% de la inversión cuantificada —sin incluir la asistencia mensual de la UARIV—, consistieron en la entrega periódica de paquetes de alimentos.^[8]​

El análisis de las intervenciones institucionales revela que su bajo impacto no obedeció a insuficiencia de recursos financieros sino a la ausencia de un enfoque diferencial étnico en su diseño e implementación.^[17]​ Entre los factores identificados se encuentran los siguientes.

Las intervenciones de fortalecimiento productivo introdujeron semillas transgénicas de maíz, yuca y plátano que requieren agroquímicos especializados y no pueden ser guardadas para siembras futuras, generando dependencia de insumos externos e incompatibles con el sistema de cultivo asociado tradicional del pueblo Jitnü.^[15]​ La ganadería bovina fue promovida como fuente de proteína y leche, desconociendo que los Jitnü no tienen tradición ganadera y que los lácteos no forman parte de su dieta tradicional. La entrega de semillas de especies no tradicionales y la asistencia técnica orientada a monocultivos para comercialización contradijo la lógica del autoconsumo y la diversidad de especies que caracteriza el sistema hortícola Jitnü.^[15]​

La asistencia alimentaria mensual de la UARIV, pese a haber evitado situaciones agudas de hambre, introdujo de manera sostenida alimentos ajenos a la dieta tradicional Jitnü —leguminosas secas, lácteos en polvo, harinas procesadas, enlatados— que han modificado progresivamente los hábitos alimenticios, especialmente en las generaciones más jóvenes. Adicionalmente, los empaques plásticos y metálicos de los paquetes alimentarios han generado contaminación por residuos sólidos en el territorio de los resguardos.^[8]​

La falta de articulación entre las entidades responsables —ICBF, UARIV, Gobernación de Arauca y alcaldías municipales— impidió que las recomendaciones formuladas por algunas intervenciones fueran incorporadas por las siguientes. El seguimiento al cumplimiento de las órdenes del Auto 382 en el periodo 2011–2020 confirmó que el riesgo de extinción física y cultural del pueblo Jitnü no había sido eliminado ni reducido de manera significativa.^[17]​